Por Sin Reservas
En la República Dominicana existen un sinnúmero de bandas con conocimiento de las autoridades, pero la mayoría operan impunemente.
Y lo más peligroso muchas de estas bandas tienen miembros en todos los poderes del Estado, como la que «operaba» en el Ministerio de Hacienda y se ha trasladado a hacer sus fechorías al Instituto Agrario Dominicano (IAD), que desde entonces recibía el apoyo de una caterva de políticos y ahora de Luis Abinader. Dicho por uno de sus miembros, que para delinquir ha vociferado que es canchanchan de este.
Estos asociados grupos delincuenciales son bastantes peligrosos, cada uno en su ámbito. Es el caso del de reciente persecución denominado «Operación Colibrí».
Estos vándalos con su centro de operaciones en Santiago, son expertos falsificadores de documentos personales, especialmente para facilitárselos a haitanos. Operaban principalmente en los alrededores de las dependencias de la Junta Central Electoral (JCE), ofreciendo diversos servicios para falsificar documentos cobrando sumas que oscilan entre 5 y 20 mil pesos.
Hasta el momento los integrante de la banda apresados son: Ana Delia Isidra Tavarez Soto, Arsenio Rafael Reyes, Fausto Merán, José Alfonso Acevedo García, José Carlos Montero Troncoso, José Miguel Cruz Hiraldo, José Rosario Marte, Julio César Almonte Espinal, Luis Manuel Rodríguez Taveras, Noel de Jesús Padilla Minaya, Rubén Amauris Ramírez, Rubén Darío Núñez Ortega, Samuel Elías Ceballos Ramos, Tomás Enmanuel Rojas Guzmán, William Ramón Rodríguez Rodríguez y Yanuel Morales, a los cuales el Ministerio Público les solicitó prisión preventiva por 18 meses como medidas de coerción por ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, de Santiago, y la declaración del procesocomo complejo.
Explican en el expediente que los imputados vulneraron el sistema del Registro Civil, amenazaron la seguridad jurídica y laceraron la confianza institucional. Falsificaron actas de bautizo, defunción, matrimonio y de nacimiento, cédulas de identidad, diplomas de bachiller, títulos universitarios y de propiedad, licencias de conducir y de porte de armas.
También documentos de organismos de seguridad del Estado, como el J-2 del Ejército, el Ministerio de Interior y Policía, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), entre otros.
«Estas actividades fraudulentas perjudicaron a ciudadanos de la República Dominicana que han visto afectada su identidad, un derecho constitucional, así también la Junta Central Electoral, mediante la laceración de la fe pública de los documentos emitidos por el Estado dominicano, que garantizan la identidad y la certeza del registro de los actos que realizan las personas durante su vida civil», expresa el Ministerio Público.
Señalan además, que la banda criminal hacía suplantación de identidad de personas fallecidas para facilitar a ciudadanos haitianos actas y cédulas dominicanas.
No solo eso, la banda iba al extremo de apostillar los documentos para que se pudieran utilizar en el extranjero.
Furon realizados 18 allanamientos en centros de internet que servían como laboratorios, oficinas de abogados y viviendas, donde participaron más de 20 fiscales del Ministerio Público y alrededor de 200 agentes de la Policía Nacional, con el apoyo de la Junta Central Electoral (JCE), cuyas direcciones de Seguridad Civil, Inspectoría, Cedulación y Consultoría Jurídica, vigilaban el comportamiento de personas que alrededor de sus oficialías y dependencias ofrecían servicios fraudulentos, con el concurso y apoyo de al menos un empleado del organismo que está entre los sometidos.
Se incautaron de evidencias materiales, documentales, y otras, como plásticos para la impresión de cédulas, carnet, licencias, títulos de propiedad falsificados, dispositivos electrónicos que utilizaban para el borrado de datos originales, para emitir títulos y cédulas a nombre de terceros, entre otros elementos. También, plásticos y hojas timbradas del Poder Judicial, el Banco de Reservas, el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant) y la Jurisdicción Inmobiliaria de Santiago.
Entre las violaciones que se les acusan están: Violación a los artículos 265, 266, 145, 147, 148, 150 y 151 del Código Penal Dominicano; A los artículos 13 y 14 numeral 4 de la Ley 8-92, sobre Cédulas de Identidad y Electoral; A los artículos 86 y 88 de la Ley 172-13, sobre Protección Integral de los Datos Personales, y a los artículo 6 párrafos 17, 18 y 19 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
En adición, contra Acevedo García, se presentan cargos por la violación a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas de Fuego y Materiales Relacionados.
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